
Noticias Argentinas difundió que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que revirtió la condena por 16.000 millones de dólares contra Argentina por la expropiación de YPF y aseguró que la decisión judicial “pone las cosas en su lugar”.
En conferencia de prensa, acompañado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, el mandatario provincial ratificó su postura sobre la nacionalización de la petrolera en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y sostuvo que se trató de una decisión soberana y estratégica, adoptada conforme a la Constitución Nacional.
En ese marco, llamó al Gobierno nacional a priorizar el impacto en los consumidores y subrayó que el carácter estatal de YPF permite definir una política en torno al precio interno de los combustibles. Además, planteó que la administración de Javier Milei tiene la responsabilidad de continuar la defensa del país en eventuales nuevas instancias judiciales, en caso de que los demandantes insistan con el litigio.
Kicillof también cuestionó al Presidente por haber respaldado la posición de los fondos buitre y por utilizar el juicio con fines electorales, y consideró que debería pedir disculpas por esa postura. En la misma línea, remarcó que YPF es clave para el desarrollo nacional y acusó al jefe de Estado de no comprender la importancia de mantener la empresa bajo control estatal.
Respecto del debate sobre privatizaciones, el gobernador calificó como riesgoso que el oficialismo valide los argumentos de quienes buscaban quedarse con los activos de la compañía, y recordó que las políticas aplicadas durante la década del ’90, bajo los gobiernos de Carlos Menem, resultaron perjudiciales para el país.
Asimismo, sostuvo que los argumentos de la defensa argentina fueron consistentes a lo largo del proceso judicial y que el fallo desmiente lo que definió como años de cuestionamientos infundados por parte de la oposición. También recordó que la expropiación de YPF se realizó mediante una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso Nacional, con la oposición de los legisladores del PRO, a quienes vinculó con una visión favorable a la privatización de empresas públicas.
En relación con el origen del litigio, explicó que, tras la recuperación de las acciones, un accionista minoritario que había contraído deudas entró en quiebra y, posteriormente, un fondo buitre inició una demanda intentando hacer prevalecer el estatuto de la empresa por sobre la legislación argentina.
Finalmente, el gobernador destacó el trabajo del estudio jurídico que representó al país, al considerar que sostuvo una estrategia adecuada incluso frente al fallo adverso en primera instancia, y valoró el respaldo internacional recibido por Argentina durante el proceso.